Palabras, palabras, que cual trenes me llevan a conocer nuevos paisajes

viernes, 6 de noviembre de 2009

Alakrana

Como he comentado en alguna ocasión, el Derecho se sustenta en el poder coactivo del Estado. Si no es así, lo que sujeta nuestro comportamiento pueden ser los hábitos que sigue la comunidad en la que vivimos, con independencia de su tamaño, y que de no ser cumplidos traen como consecuencia el rechazo o la reprobación de nuestros vecinos, pero no más; estaríamos en este caso ante una Norma Social.

También podemos sujetar nuestro comportamiento a tal o cual regla religiosa, o moral, de manera que si la quebrantamos caemos en lo que los cristianos conocemos como pecado, con sus consecuencias religiosas, pero no más, que no voy a explicar; estaríamos en presencia de lo que se conoce como Norma Moral.

Pero solo cuando nuestro comportamiento vulnera lo que popularmente denominamos "Ley", el Estado sanciona con una "pena" determinada previamente. Dicha ley es lo que técnicamente se denomina Norma Jurídica.

Las Normas Sociales, aunque pueden ser seguidas por comunidades diferentes, no se aplican más allá del propio ámbito social comunitario y nadie está obligado a seguirlas si no quiere, aunque esto pueda apartarle de sus familiares, amigos y vecinos. Sobre las Normas Morales no creo que haga falta explicar más.

Si hemos digerido los conceptos anteriores, tendremos claro que lo que diferencia a la Norma Jurídica de cualquier otra es que quien la quebrante, con independencia de quien sea, de sus creencias, de su posición social, ..., será sancionado por el Estado, si este lo considera pertinente según lo dispuesto en la propia Norma. Puede hacerlo porque las tres características mínimas y esenciales del Estado, según cualquier Doctrina de Derecho Comparado, son:
  • Plena capacidad de regir sus finanzas.
  • Plena capacidad de representarse ante otros Estados.
  • Monopolio del uso de la Fuerza dentro de su territorio.
Pues bien. Como la Norma Jurídica es por axioma una norma de aplicación coactiva y esta es indisponible para el individuo, donde se aplique exige que el Estado pueda desarrollar -allí- su Poder de Coacción y Sanción.

Esto plantea problemas evidentes cuando se conjugan normas de Estados diferentes, sobre territorios distintos y resultan afectadas personas con Derechos Nacionales diversos, pues la norma de un Estado puede no ser aplicable por otro o lo dispuesto por el Derecho Internacional, sea Público o Privado, -en realidad, convencional; es decir, sujeto más al acuerdo y negociación que a la obligación-, puede limitar la aplicación de las normas de un Estado concreto, produciendo resultados muy distintos a los que se darían si todo hubiese sucedido en el territorio soberano de un solo Estado.

O lo que es lo mismo, en roman paladino..: Donde carecemos de autoridad soberana, difícilmente podremos hacer cumplir coactivamente nuestro Derecho.

Así que, como manifestaba en mi artículo anterior, el ejercicio jurisdiccional debe estar regido en todo momento por la prudencia. Y la razón es clara y simple. Cualquiera de los que hemos representado a España en algún momento más allá de nuestras fronteras sabemos que se gana más con prestigio y negociación que con la fuerza.

Pretender ejercer el poder coactivo estatal allá donde no existe estado alguno y prima el descontrol, es hacer el escarabajo pelotero -que ya saben que se dedica a arrastrar mierda en mayor cantidad a cada instante-.

Lo que no es óbice ni cortapisa para que todo el mundo mundial deba tener absolutamente claro que tal Estado en concreto, si no no le queda otra salida para defender sus intereses y los de sus nacionales que la Fuerza, la ejercerá con tal decisión, rapidez e intensidad, que ... ¡a negociar con él, que es muy sano!.

Dicho esto, no me cansaré de repetir que el Derecho que olvide que su meta es lograr la mejor convivencia posible entre las gentes, está condenado a dejar de ser Derecho. Y la convivencia es posible entre los vivos; los muertos solo reposan en sus tumbas.

Centrándonos en el caso del Alakrana, pasó el momento conveniente de demostrar la fuerza española y solo cabe, como consecuencia de nuestra actuación anterior, lograr que los pescadores retornen a sus hogares. Otra cosa me llenaría de vergüenza. Los marineros, los que están en el rol y a bordo, lo único que han hecho es procurar ganarse el pan.

Termino. Que nadie sienta que está viendo lo que ocurre desde su casa, sentado cómodamente ante la tele sensorround.. Hace ya mucho que era hora de que todos y cada uno de los españoles se sintieran en la entraña responsables de lo que ocurre.

Eso es la democracia: elegir a quien actúa en nuestro nombre. Y no son ellos, los que salen en los periódicos, quienes lo hacen bien o mal. Eres tú, tú, el votante, el único responsable. Lo demás, cosa de cobardes, infantiles hijos acomodaticios de cualquier dictador al que dejan decidir sus destinos.

3 comentarios:

Marian dijo...

Cierto, es mucho más cómodo eludir la responsabilidad de los actos y luego renegar de las consecuencias. Será que en el fondo queremos un Estado que practique la caridad o que socorra al votante desvalido, pero esa idea del Estado que ayuda en el fondo reemplaza al Estado que redistribuye eficazmente la riqueza conforme patrones objetivos de trabajo, mérito y capacidad. Estado, pretendidamente similar a una ONG cuyos objetivos humanistas paradójicamente se dan la mano con la aversión a la autoridad. Estado acomplejado y felizmente impotente de puertas para adentro y de puertas para afuera. Un Estado como el español, quintaesencia de todas las contradicciones que halla la posible salida a este problema que no es nuevo… en una síntesis como la siguiente: no se emplea la fuerza militar, pero se invita y se autoriza a los armadores de los pesqueros a usar la fuerza de mercenarios y agencias privadas de seguridad..y yo me pregunto ¿podría provocar a su vez una escalada de violencia por parte de los asaltantes?) y tácticas (¿quién tomaría las decisiones a bordo, quién decidiría hacer uso de las armas, quién sería responsable en los casos de exceso o error, cubriría el seguro del buque este nuevo tipo de responsabilidad civil?)… se intenta forzar el ordenamiento jurídico hasta el extremo, a fin de evitar la amenaza sobre los cautivos; y se paga el rescate religiosamente, sin reconocer jamás oficialmente que se ha pagado.

Turulato dijo...

Marian, planteas algo interesantísimo jurídicamente:¿Quién tomaría las decisiones a bordo, quién decidiría hacer uso de las armas, quién sería responsable en los casos de exceso o error, cubriría el seguro del buque este nuevo tipo de responsabilidad civil?.

La respuesta a la primera pregunta es clarísima según el Derecho Marítimo: El patrón de altura, como máxima autoridad del barco. Y, consecuentemente, debe ser el quien tome la decisión, pues solo él ejerce la máxima autoridad del buque en el lugar y momento de los hechos, única manera de valorar con justedad lo que ocurre, para así responder adecuadamente.

Bien es cierto que el armador, como propietario de la embarcación, puede encomendar al patrón lo que tenga por conveniente para cada Marea de Pesca, siempre que no vaya contra Derecho, y que el patrón, como empleado suyo, debe cumplir el encargo.

Pero dicho esto, hay que recalcar que es el comandante de la nave (capitán o patrón) quien asume la competencia de su gobierno en todo momento y el responsable de lo que decida, como no puede ser de otro modo, pues, aun teniendo determinadas instrucciones del armador, podría suceder que los acontecimientos dificultasen de tal modo su cumplimiento que le eximiesen de dicha obligación.

¿Y el seguro?. Pues habría que atenerse a lo contratado. Que por asegurar nadie fracasa, sino todo lo contrario.

Aunque por experiencia se que, materializando lo anterior en un supuesto concreto, es muy probable que la respuesta estaría en una sentencia.

Kalia dijo...

Yo no entiendo nada. Solo tengo una clara sensación de manipulación informativa en todo este asunto.
Ahora, para buscar una solución a la chapuza, están buscando como retorcer la Norma para resolver un conflicto que no tenía que haberse planteado. Al menos en una segunda ocasión. Y esta capacidad que tiene el Ejecutivo para amoldar las leyes a sus necesidades me crea una gran desconfianza en la justicia (lamentablemente tenemos muchos ejemplos para recordar en negociaciones con criminales y chantajistas).

Algo que creía fundamental a la Democracia, el Estado de Derecho, cuando hay un conflicto que resolver aparece completamente amputado, vapuleado.
Por ejemplo, pregunto yo: ¿Estaban los piratas que trajeron a España en el barco español, o sea, en territorio español, o fueron detenidos en un islote o en aguas internacionales donde no creo que la autoridad española tenga capacidad para detener? Las familias dicen que ocurrió de este segundo modo. ¿Qué pretendían? ¿Negociar con rehenes? ¿Con dos rehenes?
¿Es cierto que no era factible que se interviniera militarmente desde el principio para rescatar a los marineros secuestrados? ¿Es cierto que nuestras fragatas y nuestro ejército no tiene capacidad técnica para afrontar esta situación, que no hay cuerpos de intervención especiales? Pues si es así,... que no tengamos que enfrentarnos a un verdadero problema de seguridad nacional...

¿O no será que el buenismo impide actuar con eficacia, rapidez y contundencia y prefiere retorcer la ley para salir con la cara lavada?

No entiendo que se invite a llevar seguridad privada. O sea, ¿mercenarios?. ¿No estaba el Estado y con él el ejército para asegurar la legítima defensa de los intereses particulares de los ciudadanos? Si tenemos que ir buscándonos la vida en cuestiones de seguridad, contratando matones o agrupándonos para defendernos ... mal nos va. ¿Medievalización? ¿Tendrán que ir a partir de ahora los que tengan negocios en paises extranjeros con su propia guardia, con su propio ejército? ¿Y dentro de nuestras fronteras? ¿Deberemos pagar a empresas que se dediquen a poner orden para que protejan nuestas calles y nuestras vidas?

En resúmen: deseo que se solucione pronto el asunto y que vuelvan a sus casas los marineros secuestrados. Pero no sé si todo esto contribuye o destruye un poco más la idea de España, la confianza en el Estado, la democracia en general.